Educación y desarrollo en el contexto nacional

Maricruz Guzmán Chiñas

Asesora de la UPN 094

Claudio Escobar Cruz

Profesor de Sociologia de la UNAM

Una constante caracterizó el pasado reciente de la región latinoamericana y de México en particular: la necesidad permanente de concluir el proceso modernizador; sin embargo, en las décadas recientes el país se vio ante dificultades mayores para poder llevar a cabo tan ansiado proceso; la crisis económica de los años 80, caracterizada por un período recesivo, propició el tránsito de un modelo económico que en términos de futuro ofreciera salida a la crisis, y cuya propuesta central es la apertura comercial, devolviendo el poder al mercado en una economía cada vez más global, para con base en ella, la economía local volviera a crecer, considerando que la competencia mundial provocaría la inevitable transformación del sistema productivo vía la innovación tecnológica, la informática, la aplicación del conocimiento y la instauración de nuevos procesos de trabajo y, con ello, en términos de ventajas comparativas, aprovechar la mano de obra barata así como la abundancia de recursos naturales, cuya explotación trajera consigo el bienestar colectivo; sin embargo a fin de cuentas, los resultados no fueron ni suficientes ni los deseables en la consecución del logro de tales objetivos.

A partir de la década de los ochenta, América Latina en su conjunto inició las llamadas reformas reales, que en el caso de México se traducen en la reorientación de la política social, en función de la crisis económica de esos años, que obligaron a las élites políticas a realizar una serie de ajustes y de medidas de racionalización administrativa y financiera, desde la creación de programas destinados al combate de la pobreza hasta lograr una progresiva reducción de la misma, llegando a la eliminación, de los mecanismos que implicaban la aplicación generalizada de subsidios y, la privatización parcial de la seguridad social. En el terreno de la educación, en el nivel básico, se mantiene el acceso universal y gratuito. Al mismo tiempo que se crearon mecanismos destinados a fortalecer la carrera magisterial, basados en criterios establecidos en las universidades públicas: la diferenciación salarial vía la evaluación del desempeño y las credenciales educativas. Por otro lado, se amplió la definición de educación básica obligatoria para incorporar la secundaria, y ambas fueron objeto de un proceso de descentralización progresiva mediante la transferencia de recursos en infraestructura a los gobiernos estatales¹.

En el sexenio de Ernesto Zedillo, como una forma de apoyar el proceso educativo y ampliar las oportunidades de los sectores marginados se implementa el Programa de Educación, Salud y Alimentación (Progresa), el cual basa su estrategia de combate a la pobreza en criterios y mecanismos de focalización; se plantea que la pobreza no es un problema de distribución del ingreso, sino de asignación adecuada de los recursos productivos; ello significa afirmar que la pobreza no se combate a través de mecanismos que busquen redistribuir el ingreso, sino de otros orientados a habilitar a los pobres (brindarles las oportunidades) para que puedan ser productivos. El programa propone una doble focalización: sus destinatarios son los pobres extremos, y su secuencia de aplicación implica modalidades de focalización regional basadas en atender en primer término a familias en pobreza extrema que habitan en comunidades rurales de alto y muy alto grado de marginación.

Entre los objetivos de este Programa se señalan: aumentar la eficiencia terminal de la educación básica; que las madres solteras cuenten con los recursos necesarios para alimentar, vestir y educar adecuadamente a sus hijos; que los ancianos sin recursos y sin familia no caigan en la indigencia; que las familias en pobreza extrema cuenten con los recursos necesarios para alcanzar un nivel de nutrición adecuado, para atender su salud y para que sus hijos concluyan la educación básica. Sin embargo, el programa tiene un problema, su forma de acceso no está regulada por principios jurídicos, sino puramente administrativos, por lo que su aplicación se basa en la definición programática de metas globales, pero el acceso a los beneficios correspondientes constituyen una posibilidad y no un derecho, por lo que bastaba con una simple decisión administrativa para que las familias que estaban recibiendo un determinado beneficio dejaran de recibirlo, aunque su condición social siga siendo la misma.

La educación es considerada como factor que de manera directa permite salir de la pobreza, se entiende entonces que la educación es una vía hacia una mejor manera de vivir; tal idea se basa en la consideración de que la educación es un bien y medio de conseguir la posición económica y social más elevada dentro del conjunto social; situación que desde el mismo gobierno se fortalece en el Programa Nacional de Educación 1995 – 2000 de la SEP. La prioridad otorgada a la educación básica corresponde a un reclamo permanente de la sociedad: para los mexicanos, una educación pública laica, obligatoria y gratuita constituye el medio por excelencia para el mejoramiento personal, familiar, social. Al mismo tiempo, la sociedad confía a la escuela el fortalecimiento de valores éticos y cívicos que garantizan la convivencia armónica y que nos confieren identidad como nación.²

Esta tendencia en la educación implicó la reorganización en todos los niveles educativos; y en especial el nivel básico³; uno de los documentos que orientaron el cambio en este nivel fue el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, en el cual participaron: el Gobierno Federal, los Gobiernos Estatales y SNTE, en 1992, entre muchos de sus objetivos podemos señalar que se buscaba elevar la calidad de la educación pública; ampliar la cobertura y disminuir el rezago educativo, para ello es parte central la reorganización del sistema educativo mediante la descentralización, denominada federalismo educativo; esto se tradujo en el traspaso, por parte del gobierno federal a las entidades federativas, de los establecimientos escolares con todos los elementos de carácter técnico y administrativo, derechos y obligaciones, bienes muebles e inmuebles, así como los recursos financieros utilizados para la operación de los servicios educativos; con el acuerdo se concreta la división y reasignación de responsabilidades educativas; así, los estados se encargarían de los establecimientos educativos del nivel básico, incluyendo la educación normal, la indígena y la especial, quedando en manos de la Federación la normatividad, la evaluación del sistema y el fomento de la investigación educativa.

Lo anterior fue el primer paso para tratar de disminuir y eliminar el centralismo burocrático en educación básica, aunque hoy a la luz de los años lo que se ha acentuado con este proceso es el de las desigualdades laborales entre los estados. Las cifras del sistema educativo impresionan: más de 217 mil escuelas, 29 millones de alumnos, un millón 429 mil maestros. Pero aunado a ese enorme aparato, le agobian problemáticas como la del gasto en educación respecto al PIB; el bajo nivel de ingresos, no ha mejorado mucho de acuerdo a estimaciones, el salario real que percibieron los maestros en 1998 fue inferior al que tenían en 1994, lo cual se refleja en la calidad de la educación⁴.

En el gobierno actual, se está impulsando una política social cuyo nombre es Contigo, es un programa que articula diferentes estrategias sociales; busca que todos los mexicanos tengan las capacidades y los espacios que necesitan para realizarse tanto social como individualmente. Contigo tiene dos propósitos centrales que son complementarios: Proveer beneficios sociales esenciales a todos los mexicanos y activar palancas que impulsen el desarrollo humano y sirvan como detonadores del crecimiento económico.

Algunas de las metas que se persiguen son; a) desarrollar las capacidades físicas e intelectuales de cada uno de los mexicanos, para ello es necesario asegurar su acceso a servicios de salud y educación de calidad y niveles nutricionales adecuados, sólo así podrán participar plenamente en la sociedad; b) generar oportunidades de ingreso para que las capacidades se traduzcan en mayores niveles de bienestar. Este programa se inscribe en los esquemas de una política social que pretende llevar mayores beneficios a los grupos en desventaja, en situación de vulnerabilidad o con capacidades diferentes.

A la par, el modelo económico exige altos niveles de escolaridad de la población económicamente activa (PEA), los cuales necesariamente tienen que incrementarse para satisfacer las nuevas demandas del mercado laboral, generando así, condiciones sociales de mayor equidad social, por ello resultaba impostergable la reorientación de la política educativa, pues los resultados ofrecidos por el sistema educativo, eran poco esperanzadores y más bien estaban permeados por una devaluación (educativa)⁵ de la institución escolar ante los ojos de una buena parte de la sociedad que había confiado su ascenso en la escala social, al paso por las aulas escolares; sin embargo, este periodo está marcado por la generalización de condiciones sociales de vida cada vez más adversos, donde las tendencias de progreso y bienestar no se han cumplido, a pesar de ello, en medio de las crisis las sociedades han generado actitudes, que les permiten adaptarse a las circunstancias con base en estrategias de sobrevivencia para darles un mejor uso y, en un corto y mediano plazo modificar sus hábitos de consumo así como de participación política y social.

Esta situación propició que la educación desde la óptica gubernamental tuviera un replanteamiento fundamental y se le intentara vincular una vez más a las concepciones de modernidad, progreso y bienestar social, considerando que la educación por un lado, transmite valores que estimulan el cambio de la sociedad; y por otro, contribuye a legitimar las condiciones sociales existentes, lo anterior se traduce en un instrumento que permite a los miembros de una colectividad encontrar respuesta a interrogantes de su cotidianeidad, pero la educación debe estimular la conciencia de la realidad social, promover la participación responsable en el ejercicio de los derechos y las obligaciones ciudadanas.

La educación así, puede ser considerada como el mecanismo que permita conformar una ética social acorde con los requerimientos del modelo de desarrollo, y en términos prácticos: proveer conocimientos, habilidades, capacidades y hábitos para el mundo del trabajo. La escuela debe otorgar herramientas que les permitan a las personas ingresar en la actividad económica, ejercer un oficio, adecuarse a las condiciones y transformaciones del sistema productivo entre otras, así la educación es valorada por su utilidad para conseguir trabajo o empleo y un ingreso al cual se vinculan la movilidad social, pautas de consumo, una situación de clase y condiciones de bienestar.⁶

La educación, entonces, se convierte en primera instancia en uno de los requerimientos mínimos, para que la economía pueda funcionar, en relación directa a las necesidades del mercado y al mismo tiempo cada individuo pueda integrarse a ocupaciones bien remuneradas, lo que a fin de cuentas se traduce en fundamento económico: para ser competitivos, los países requieren una fuerza de trabajo dotada de capital humano⁷, que pueda adecuarse al avance tecnológico a lo largo de su vida laboral. Asimismo, la competitividad es condición necesaria para la equidad, porque con ella se amplían las oportunidades de producción y consumo.

En este sentido, es innegable que los procesos educativos se encuentran definidos en relación al uso productivo de la fuerza de trabajo y a sus condiciones de reproducción, donde la educación se considera, en términos institucionales, un elemento fundamental para el logro del crecimiento económico que a la larga se traduzca en desarrollo, pero además que sirva para guardar el orden político-ideológico orientado al mantenimiento de la dominación y hegemonía que se ejerce sobre la sociedad, aun así la educación también responde a las necesidades y demandas de los mismos ciudadanos propiciando su desarrollo intelectual y cultural, lo cual les permite asumir una actitud respecto de la problemática social, es decir la transformación la educación se debe convertir en un proceso fundamental que propicie el desarrollo de la capacidad de innovación, creatividad, integración y solidaridad; el papel de la educación en términos objetivos tiene que contribuir a facilitar el acceso a trabajos hoy llamados inteligentes, así como a las redes de conocimiento, generando condiciones que contribuyan a reducir las desigualdades, aunque para ello resulta indispensable eliminar factores que propician los altos grados de diferenciación estructural, al que por supuesto no escapa el interior mismo de los sistemas educativos.

Lo expuesto significa que en relación a la educación también opera la ley de la oferta y la demanda, lo que lleva a los individuos a invertir en capital humano, que estará directamente condicionado por el mercado en el que puede desempeñarse, es decir, hoy que vivimos la sociedad de la información, donde resulta mucho más atractiva la adquisición de capacidades en el área de la informática que en el dominio de la agricultura por ejemplo. De ahí que el mercado esté en condiciones de valorar mejor y ofrecer mejores rentas, a la persona que se especializa y mejora su eficiencia en el terreno de las nuevas tecnologías que en la alfarería, además de que el mercado a diferentes niveles de progreso tecnológico y de desarrollo exige diferentes destrezas, habilidades y conocimientos, capacidades laborales en términos de desarrollo humano, a partir de lo cual se infiere que los mercados discriminan a partir de las características del capital humano; y en ocasiones, hasta que esa capitalización no alcanza un cierto umbral de complejidad y de especialización, los mercados no retribuyen los niveles inferiores de capital humano logrado.⁸

Con lo anterior se puede señalar que, si por un lado la fuerza de trabajo dotada de capital humano permite una adecuación en relación al desarrollo tecnológico, de manera institucional la competitividad resulta un elemento indispensable para generar la equidad, pues sólo en esa medida se logra la ampliación de las oportunidades.

En términos de operatividad por parte del Estado la educación se traduce en el diseño e implementación de una política educativa, misma que se mide en función del gasto público, en este caso destinado a la educación; en 1990, el gasto destinado fue de 30.555.22 millones de pesos que representó, el 4.02% y en 1999 de 61.299.80 que corresponde al 5.54% en relación al Producto Interno Bruto (PIB. En la experiencia mexicana las líneas generales del proyecto gubernamental basados en la modernización educativa implementada desde los años 90, con prácticamente una década de operación hoy todavía presenta desfases, tardanzas, insuficiencias, olvidos y falta de una evaluación que en esencia permita corregir lo que no ha funcionado, así la modernización educativa es un proceso de redefinición de la funcionalidad de la educación, ya no sólo en términos sociales y políticos sino también y sobre todo en términos económicos, ello implica la transformación profunda que se rige por una redefinición explícita de carácter estructural, de la funcionalidad de la educación en cada uno de sus niveles y modalidades, así la educación está orientada hacia una nueva relación con el Estado y la sociedad, lo que implica formas de organización más flexibles, que cualitativamente pretende dar un sentido distinto a la educación básica, a la formación técnica y a la difusión de la cultura, al trabajo académico, al estudio e incluso a la vida sindical ⁹

Los cambios en el ámbito educativo indudablemente nos debe llevar a reformular el papel mismo del estado en la atención y satisfacción de la educación y del conocimiento, así como el generar los medios que permitan evaluar los logros educativos de la población atendida¹⁰, donde necesariamente quedan incluidas desde las formas de financiamiento, los contenidos y las prácticas pedagógicas y, al mismo tiempo replantear el rol de los docentes, además de dotar a las escuelas con nueva tecnología de la información y del conocimiento, en esencia, se busca que la educación que se imparta a los hombres y a las mujeres dentro del Sistema Educativo Nacional les permita obtener los conocimientos, las habilidades y las aptitudes requeridas para su desarrollo individual, familiar y social. En el aspecto laboral, una mayor educación se vincula con el incremento de expectativas personales de proyección en el trabajo, contribuyendo más eficientemente al progreso social y económico del país.¹¹

Ante las circunstancias, debemos reconocer que, durante el siglo pasado se presentaron distintas oportunidades educativas a diversos sectores sociales que anteriormente no podían hacerlo por su condición socioeconómica; así durante el siglo XX en nuestro continente, y particularmente en el país, el estado jugó un papel fundamental en la promoción de la educación pública. En la actualidad podemos señalar que los años de escolaridad obligatoria se incrementaron significativamente, y aunque en términos porcentuales los índices de escolaridad han crecido en las décadas pasadas, ya que en 1960 era de 2.6 grados para llegar en 1999 a 7.7 grados, existe aún una gran brecha con los países desarrollados donde se alcanza 15 grados de escolaridad. También se reflejan diferencias por entidad federativa y por nivel de ingresos, en el Distrito Federal y Nuevo León la escolaridad promedio es de 9.8 grados, mientras que en Chiapas y Oaxaca es de 5.6 y 6.0 respectivamente. Por otro lado, 20% de los más pobres no cursan más de tres grados, en tanto que 10% de los más ricos estudian más de doce grados. Alrededor de 92.2% de la población de 6 a 14 años va a la escuela. De este porcentaje, en las grandes zonas urbanas asiste el 96% y en las rurales 87.5%. En cuanto a la población de 15 a 24 años 31.6% del total asiste a actividades escolares. De este grupo de edad, 34 de cada 100 hombres está inscrito, mientras que 30 de cada 100 mujeres asiste a clases. Pese al aumento en el nivel de escolaridad de la población de 15 o más, en 1997 sólo alrededor de 2.5 millones de hombres y 3.9 millones de mujeres, tenían estudios superiores a la secundaria. En este sentido, cuanto más grande es el tamaño de la localidad de residencia, tiende a disminuir el porcentaje de la población rezagada educativamente.

En total, más de la mitad de la población de 15 años o más, se encuentra en condición de rezago educativo, esto es, cerca de 36 millones de personas, siendo la brecha entre los sexos 4.4 puntos porcentuales. Los estados con más alto índice de rezago son Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Zacatecas, Michoacán y Guerrero.¹² Lo señalado en cuanto a cifras, se refleja directamente en el fenómeno del analfabetismo, el cual en 1970 representaba el 33.4% y para 1999 era de 10%. En comparación con otros países del continente (por ejemplo Chile, Argentina, Uruguay y Costa Rica) el analfabetismo es menor a cinco por ciento. Otro aspecto importante es el analfabetismo funcional, que de acuerdo a la UNESCO incluye a personas mayores de 15 años que no han cubierto al menos cuatro años de educación básica.

Sin embargo, aún seguimos teniendo rezagos importantes; a pesar del mejoramiento sustancial de la igualdad de oportunidades educativas para los sectores más desprotegidos, niñas, mujeres, así como para los indígenas. Estos logros fueron posible fomentando la capacidad de retención de estudiantes en los distintos niveles, así como la capacidad para promoverlos a fin de mantenerlos y permitir que sigan avanzando en el sistema escolar, ello hizo creer a la población que la educación en esencia es una palanca para el progreso y un bien en términos personales; aquí la educación aparece no sólo como consumo sino como una inversión de enorme rentabilidad individual y social, con altas tasas de retorno, que varían según los niveles educativos; se concluye que una sociedad más educada será una población con mayores niveles de tolerancia social y convivencia, más productiva y competitiva en los mercados nacionales e internacionales, es decir, a mayor educación mejor sociedad, compuesta por individuos más plenos, responsables y productivos.¹³ sin embargo, no se consideraron las miserias y perversiones de la educación, en nuestro caso , propician que los pobres sigan siendo estudiantes en la escuela pública, a diferencia de los sectores medios y altos que se desarrollan en instituciones de educación privada.

Aún con los avances, la educación no está al alcance de la mayoría de los sectores más desposeídos, dado que el analfabetismo aún es una problemática que por sus dimensiones y características afecta sobremanera a las mujeres y los indígenas respecto del resto de la sociedad, así también en el caso específico de los grupos indígenas la educación intercultural bilingüe aun no se encuentra a la altura de las necesidades de estos grupos indígenas; aunado a lo anterior la preocupación no solo gira en torno a quienes por diversas circunstancias no han aprendido a leer y escribir, sino que ahora tenemos que sumarle a los analfabetas funcionales y computacionales que representan un serio problema dadas las nuevas condiciones de la sociedad mundial; con estas consideraciones los retos que la política educativa tiene frente a sí son múltiples; entre ellos, la formación docente, el incremento salarial del magisterio, el cual continua siendo uno de los nudos gordianos de la política educativa; la política curricular para promover la formación científica y humanística de la población, enfrenta desafíos inusitados con los avances tecnológicos y la explosión del conocimiento en un contexto progresivamente mundializado y segmentado por clases, distinciones raciales y de género, como crecientes mercados regionales cada vez más alejados de las dinámicas de la globalización, quedando literalmente ajeno a los circuitos de producción, circulación y consumo del sistema mundial, con las repercusiones educativas, sociales, políticas y económicas que esto implica.

Las vinculaciones entre educación y trabajo, con la caída en los mercados de trabajo y empleo, así como los crecientes niveles de pobreza, especialmente de los habitantes menos educados de la región, constituyen otro tema acuciante de la política educativa; por ejemplo: podemos señalar que no basta con proponer programas que atiendan las necesidades educacionales, es decir, instalar escuelas o mantener las ya existentes, por que estos intentos poco podrán resolver mientras no se atiendan de fondo las condiciones estructurales que afectan el conjunto social pero sobre todo de aquellos que no han logrado ser incorporados a los procesos modernizadores de la economía.

Con todo esto, nos inclinamos a pensar que la teoría del capital humano para los ideólogos del gobierno, y para un buen porcentaje de la sociedad, sigue teniendo vigencia pues, se plantea que a mayor educación se proporcionará más capital humano (socialización, conocimientos y certificados) a los miembros de la sociedad para competir por los puestos y los ingresos; la hipótesis plantea que el sistema educativo cumple esencialmente una función distributiva, pues prepara para los diferentes roles de la división social del trabajo asignando el talento de forma eficiente con base en la competencia de los más hábiles, lo cual se traduciría en la siguiente ecuación, a mayor ingreso mayor productividad potencial de la fuerza de trabajo, propiciando mayores ingresos potenciales para los trabajadores. La teoría sostiene que la pobreza es un fenómeno que ocurre porque las personas sencillamente no han adquirido las habilidades y conocimientos básicos que les permita tener éxito en el mundo, pues basta con educarlas, proporcionándole acceso a la escuela o darles compensaciones educacionales, lo cual lograría reducir al mínimo las probabilidades de «recaer en la pobreza. De ahí que la teoría haga de la igualdad de oportunidades el centro de la política educativa como mecanismo fundamental para superar la pobreza.

Podemos señalar que la educación por la educación no resolverá la pobreza, pues ésta adquiere relevancia cuando prepara para el cambio social; o mejor aún, una vez realizado el cambio, potenciar un proceso de reasignación del sentido social y político de la acción social de los grupos excluidos; entonces, el problema no se debe reducir a la reproducción, sino buscar la calidad, eficiencia y cobertura, lo cual implica transformar de fondo las condiciones del sistema educativo nacional.

Notas

1 Duhau Emilio. «Política social, pobreza y focalización. Reflexiones en torno al programa de educación, salud y alimentación» En Alicia Ziccardi compilador. Pobreza, desigualdad social y ciudadanía. Los límites de las políticas sociales en América Latina. CLACSO. Buenos Aires, 2001.

2 SEP. Programa Nacional de Educación 1995-2000. 1996: 19

3 Sin embargo, esta situación propicia que la inequidad se haga evidente porque los retornos a la educación son bajos para los primeros años de escolaridad y para la educación pos-secundaria no universitaria, y son altos para la educación universitaria, además de que la calidad de la educación es muy inferior para los alumnos de familias de bajos ingresos quienes asisten a escuelas públicas y no acceden a la educación superior de mayor calidad.

4 El Almanaque mexicano. Editor: Sergio Aguayo Quezada. Edit. Grijalbo. México, 2000.

5 Que consiste en la pérdida de importancia de ciertos niveles académicos cuando se generaliza su obtención, cuando se expande la cobertura y, sobre todo, cuando crece el número de egresados. Franco Rolando. La educación y la segunda generación de reformas en América Latina. En Revista Iberoamericana de educación. No. 30 septiembre-diciembre.2002. www.campus-oei.org.

6 Muñoz García Humberto. Los valores educativos y el empleo en México. CRIM-UNAM. Miguel Ángel Porrúa. México, 1996.

7 Tras el concepto de capital humano existe una ambigüedad de contenido que es indispensable aclarar. En la expresión más amplia, se suele hacer referencia al capital humano como la dotación de capacidades contenidas en cada una de las personas, bajo el supuesto de que todas esas capacidades son igualmente una forma de capital y que la manera en que son utilizadas no afecta el capital humano de cada uno. Así por ejemplo, es aceptado que los niveles de instrucción y de salud de la población son elementos fundamentales de la dotación de capital humano de una sociedad al margen de sus resultados económicos y del grado de cohesión social existentes en esa sociedad. Por lo tanto es posible, en estos términos tan amplios, que un país tenga una dotación de capital humano y que esto sea insuficiente para mejorar su desempeño económico. Yánez César. Efectos de largo plazo de la inversión en educación superior en España. Un alegato a favor del desarrollo humano. En Revista Instituciones y desarrollo N. 14-15. 2003 p.388. www.iigov.org.

8 Yánez César. op. cit. p.389

9 Ibarra Eduardo y Soria Murillo Víctor. «Balance y perspectivas de la modernización educativa en México. Las políticas del régimen salinista (1989-1994)» en Políticas públicas alternativas en México. Enrique de la Garza Toledo. coord.. La Jornada Ediciones. CIICH-UNAM. México, 1996.

10 Existen indicadores sobre las características educativas de la población donde a pesar de las circunstancias se puede hablar de logros importantes en este ámbito por ejemplo: el porcentaje de población de 15 años y más alfabeta ha crecido en una forma constante al pasar de 74.2% en 1970 a 90.5% en el año 2000, al igual que la proporción de población de 6 a 12 años que asiste a la escuela al aumentar de 65.7% a 93.8%, respectivamente, y el porcentaje de población de 15 años y más con educación postbásica se incremento considerablemente de 6.3% a 27.8% en el mismo periodo referido. En igual sentido positivo apunta la reducción paulatina del porcentaje de población de 15 años y más sin instrucción ya que en 1970 de cada 100 personas, 32 no tenían instrucción y para el año 2000, de cada 100 personas, 10 no contaban con ningún grado aprobado de educación formal. En http://www.inegi.gob.mx/est/contenidos/espanol/temas/sociodem/introeducacion.

11 www.inegi.gob.mx/est/contenidos/español/temas/sociodem/intro_educación.asp

12 El Almanaque mexicano. Op. cit. P. 93

13 Torres Carlos Alberto. «Grandezas y miserias de la educación latinoamericana del siglo XX» en Torres Carlos Alberto, coompilador. Paulo Freire y vigencia de la educación latinoamericana en el siglo XXI. CLACSO, Buenos Aires, 2001.

Bibliografía

Duhau Emilio. «Política social, pobreza y focalización. Reflexiones en torno al programa de educación, salud y alimentación» En Alicia Ziccardi compilador. Pobreza, desigualdad social y ciudadanía. Los límites de las políticas sociales en América Latina. CLACSO. Buenos Aires, 2001.

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Franco Rolando. La educación y la segunda generación de reformas en América Latina. En Revista Iberoamericana de educación. No. 30 septiembre-diciembre.2002. www.campus-oei.org.

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