INTEGRACION EDUCATIVA ¿RESPUESTA A LA DEMANDA SOCIAL?

Juan Bello Domínguez

Asesor de la Unidad UPN 094 D.F., Centro

Yesenia Baute Ruiz

Alumna del 6o. Semestre de la LE’94, Unidad Modelo

Es notable como en los últimos años han mostrado un creciente interés en la educación los gobiernos y grupos sociales relacionados con la vida productiva de los países en desarrollo, sin embargo, este interés no es nuevo, ya que después de la Segunda Guerra Mundial se desbordó la esperanza en los sistemas educativos para dar un nuevo impulso al desarrollo económico.

En el momento actual, la competencia económica a escala mundial y la necesidad de los países en desarrollo de incorporarse a la nueva división internacional del trabajo —modificada por la revolución tecnológica en los últimos años— ha obligado a poner nuevamente atención en los sistemas educativos nacionales con el propósito de vincularlos a los sistemas productivos.

Las presiones para limitar el gasto público del beneficio social, con la implementación de los modelos económicos de corte neoliberal en las principales regiones del mundo, han promovido la búsqueda de mecanismos financieros que no impliquen sobrecargos al gasto público en educación y sobre todo, que satisfagan la distribución equitativa de los costos para el logro de mejores resultados en la productividad.

El caso de México no es la excepción ya que como señalan los Planes Nacionales de Desarrollo de los últimos sexenios, es obligado ejercer una selectividad estricta con base en la evaluación social de proyectos y a una disciplina presupuestal estricta y astringente.

Ante esta perspectiva, la modernización educativa en México nace en el contexto de las nuevas demandas de la globalización económica y los cambios estructurales de la economía nacional, fundamentandose en el Programa para la Modernización Educativa y el Programa de Desarrollo Educativo 1995-2000. La labor proyectada tendría sus bemoles, ya que México se lanza más por necesidad que por voluntad a la integración económica: Nuestro sistema educativo enfrenta hoy el reto de adaptarse a las nuevas circunstancias que la transformación educativa y el desarrollo mismo de la sociedad contemporánea han generado; se promueve elevar la productividad e incrementar el consumo. El proyecto educativo queda totalmente subordinado a las necesidades económicas de la modernización, pues el vínculo con la vida productiva es prioritario. El interés globalizador de los últimos gobiernos en México y las políticas económicas implantadas por ellos, reclamaron relacionar mejor la educación con la productividad y con la organización social para la producción. Nuevos modelos de comportamiento en la relación entre trabajo, producción y distribución de bienes, requerirán procesos educativos flexibles y específicos.

En 1990, con la Declaración Mundial de Educación para Todos, signada por 150 países en Jomtien, Tailandia, se sustentan las bases que justifican la política educativa internacional, asi, México recupera las recomendaciones de esta declaración como eje rector de su política educativa.

"...uno de los argumentos más fuertes en Jomtien, fue estrictamente económico: los estudios del Banco Mundial mostraban que la inversión en educación básica es altamente redituable a mediano plazo, ya que aparentemente es el mecanismo mas efectivo para controlar la explosión demográfica y reducir los elevados costos de otros programas sociales como salud publica y seguridad. En este sentido, la prioridad dada a la educación básica fue coherente con la política económica del sexenio".(Rockwell, 1994:17)

Era inminente una política que atendiera las recomendaciones prioritarias de la política económica para la reducción del gasto social en otras áreas sociales, es así como los lineamientos propuestos en el Programa Nacional para la Modernización Educativa y el Programa de Desarrollo Educativo, se van concretando con altibajos; pero con un fin concreto y preciso: dar prioridad a la reforma de la educación básica y a la relación de ésta con las transformaciones socioeconómicas. Avanzar hacia una mayor descentralización y coordinación en la asignación de presupuesto, con la participación de los gobiernos estatales; descentralizar la educación y redistribuir la función educativa, conservando el gobierno federal sus atribuciones rectoras respecto a los contenidos de los planes y programas de estudio, así como sus funciones de evaluación, revalidación y reconocimiento de estudio.

A lo largo de esta década, el cambio educativo se convirtió en negociación política con el principal interlocutor político educativo —el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación— que fortalecido y apegado al proyecto modernizador, promovió los cambios con sus agremiados. Se impulsa de una manera más dinámica la universalización de la educación primaria y la descentralización educativa. La firma del Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica en mayo de 1992, es el acontecimiento más impactante de las últimas administraciones, ya que con él se daría respuesta operativa a los planteamientos de la Política Educativa del sexenio salinista y a su continuidad durante el sexenio de Ernesto Zedillo.

La federalización implicaba la entrega de la administración de los niveles educativos, sin menoscabo para el gobierno federal, de la dirección ideológica y de la definición unificada de un sistema que seguirá siendo nacional. Al respecto, habría que plantearse el siguiente cuestionamiento; ¿la política de descentralización educativa es consecuencia de un legitimo anhelo por incrementar la adaptación de los contenidos educativos a las necesidades locales y regionales? o ¿representa sólo una medida pragmática para reducir el gasto público federal en el sector educativo?. Lo cierto es el giro que experimenta la política social en este sexenio y que consiste en:

"... encauzar las demandas —y su satisfacción— hacia los gobiernos estatales, propósitos particularmente impulsados en materia de salud y educación, aunque con resultados bastante escasos" (Canto, Manuel. 1990: 152-153)

Por otro lado, el Acuerdo Nacional reafirma la necesidad de realizar una reforma curricular "profunda" en la educación básica con la "...renovación total de programas de estudio y libros de texto…" (ANMEB, 1992:14) y con la instrumentación del "Programa Emergente de Reformulación de Contenidos y Materiales Educativos", encaminado a fortalecer el aprendizaje y el ejercicio de la lectura, la escritura y la expresión oral; así como apuntalar el aprendizaje de las matemáticas enfatizándo la capacidad para plantear y resolver problemas (subrayado nuestro) con las implicaciones económico-políticas implícitas y explícitas sustentadas en el PND y el PME.

Finalmente, la modificación al Articulo Tercero Constitucional aparecida en el Diario Oficial del 5 de marzo de 1993 y el Decreto de la Ley General de Educación aparecido en el Diario Oficial del 13 de julio del mismo año —que abroga la Ley Federal de Educación de 1973 aprobada en el sexenio de Luis Echeverría— se orientan a legitimar la Reforma Educativa implementada en la administración de Carlos Salinas y seguida por Ernesto Zedillo, con el propósito fundamental de normar administrativamente el tránsito hacia la descentralización educativa y la reorientación de proyectos educativos.

La política de austeridad implementada para los proyectos sociales por los cuadros tecnocráticos en los últimos años, están caracterizados por el constante recorte presupuestal y el marcado discurso funcionalista en respuesta a la recesión económica y a la crisis político social. En México, las últimas políticas educativas se fundamentaron en torno al discurso técnico-administrativo del costo beneficio, en donde los modelos curriculares giran en torno a la mecanización, el control y la medición, pues ello promoverá el aprendizaje de competencias discretas y habilidades básicas.

Los problemas político-sociales son vistos ahora como problemas técnico-administrativos; por lo tanto, tendrán respuestas técnico-administrativas con tintes político-sociales. El retiro incesante de los recursos para la educación y la redefinición del curriculum en términos pragmáticos e instrumentales, son los puntos que han caracterizado la modernización educativa implementada por el gobierno salinista y zedillista.

Se usan lineamientos técnico-administrativos vinculados a la economía para legitimar la pedagogía conservadora implementada para acallar la critica y promover principios siempre acordes a esa visión economisista, deshumanizada de raigambre pragmático-utilitario. Un ejemplo de ello es lo ocurrido en los últimos tiempos con la Educación Especial:

El derecho a la educación se reconoce constitucionalmente en el artículo 3º para todos los mexicanos, pero su cabal cumplimiento estaba limitando a grupos de personas y en particular a aquellos que presentaban alguna discapacidad que los ubicaban fuera de lo que se consideraba «normal». Los "discapacitados", «anormales» o «atípicos» no eran considerados población de la educación regular, pero si de la educación especial en la que se agrupaban por tipo de discapacidad con ofertas educativas segregadas.

Con este "pretexto", se inicia un proceso de reorientación del servicio de educación especial, que implicó modificar sus planteamientos, funcionamiento y operación, para reconocer otras "alternativas".

El artículo 41 de la Ley General de Educación da especial énfasis a la obligación del Estado para atender a personas con necesidades educativas especiales, procurando su integración:

"La educación especial está destinada a individuos con discapacidades transitorias o definitivas, así como aquéllos con aptitudes sobresalientes. Procurará atender a los educandos de manera adecuada a sus propias condiciones, con equidad social.

Tratándose de menores de edad con discapacidades, esta educación propiciará su integración a los planteles de educación básica regular. Para quienes no logren esta integración, esta educación procurará la satisfacción de necesidades básicas de aprendizaje para la autónoma, convivencia social y productiva.

Esta educación incluye orientación a los padres o tutores, así como también a los maestros y personal de escuelas de educación básica regular que integren a los alumnos con necesidades especiales de educación" (SEP, 1993).

Nuestra reflexión nos lleva a plantear un conjunto de preguntas sobre la Integración Educativa con el propósito de dejar lugar a la duda y ponerlo a consideración de nuestros maestros y autoridades educativas.

¿Se quiere terminar con un sistema de educación paralelo para promover el respeto a la diversidad? O lo que se desea en verdad es ¿terminar con un subsistema de educación especial para reducir el gasto público?.

¿La integración de las personas con necesidades educativas especiales es un medio estratégico para lograr la educación básica para todos? O por el contrario, se piensa en verdad que ¿La integración de las personas con necesidades educativas especiales es una opción para que la educación básica atienda mas población con igual o menos recursos?

¿Es la Integración Educativa una estrategia que promoverá la equidad? O ¿Es la estrategia que legitimará la marginación?

No sería importante preguntar a nuestros maestros de educación básica ¿qué piensan sobre esta Integración Educativa ahora que atienden a niños con alguna discapacidad? Sólo las respuestas dadas a estos cuestionamientos por parte de los maestros, serán el aval para que esa modalidad educativa se conserve o se elimine, siempre en beneficio de los usuarios de la educación especial.