LA AUTONOMIA Y LA CULTURA DE LOS PUEBLOS INDIOS EN EL CONTEXTO DE LA GLOBALIZACION

Juan Bello Domínguez

Asesor de la Unidad UPN 094 D.F., Centro

Mariana del Rocío Aguilar Bobadilla

Asesora de la Unidad UPN 096 D.F., Norte

El proceso modernizador ha dado cabida a dos tipos de desarrollo contrapuestos que se manifiestan en el ámbito económico como:

La mutilación y la «infrasatisfacción» del sistema de necesidades de la población en regiones periféricas (…) siendo que, la expansión «sobresatisfactoria» del sistema de necesidades se da mediante un sacrificio sistemático de las grandes necesidades colectivas en beneficio de una proliferación desbordada de necesidades puntuales inconexas y una hipertrofia del microconsumo masificado. Por el otro lado, junto a la destrucción incontenible de la naturaleza, obligada a cumplir un papel de simple «fuente de recursos», se da igualmente la ineficiencia real de un proceso técnico sometido a los caprichos absurdos de un proceso económico de producción de rentas y valores especulativos. (Echeverría,1995:18-19)

El desarrollo económico se manifestó como una ofensiva de opulencia y derroche, contrastando con la pobreza y la escasez, que en ambos casos, permite avizorar la imposibilidad de modificar esa tendencia a futuro. Este modelo ha probado ser incapaz de generar abundancia permanente de bienes para la sociedad y menos aún de disminuir —ya no digamos acabar— la tasa de pobreza, miseria y marginación. Este modelo genera una contradicción esencial: la oposición entre el desarrollo y la conservación del medio.

El proyecto hegemónico insiste en mantener una línea que parte del supuesto de ignorar la diversidad, situación que se expresa en las restricciones gubernamentales sobre los derechos lingüísticos y culturales de las minorías, generalmente expresan la incapacidad del Estado para permitir la diversidad étnica, en especial cuando identifica al nacionalismo y al proyecto de construcción nacional, con un único modelo cultural y una lengua, es decir, con su propia identidad étnica. Así, cualquier otra identidad cultural amenaza a la unidad nacional.

La organización comunal se enfrenta hoy en día a serios peligros y amenazas, en una era en que se tiende a identificar la modernidad con una globalización que pretende excluir las particularidades, la pluralidad étnica y las maneras distintas de vivir. Se trata de una época en que se preconiza nuevamente la homogeneidad, los sistemas políticos unificados y centralizados, los bloques económicos multinacionales, los grandes marcos de estandarización. Esta oleada «avanzadora» no concede ninguna oportunidad a las pequeñas comunidades cohesionadas por una identidad étnica distinta; no obstante, éstas permanecen, resisten.

En México -por ejemplo- la población indígena ha aumentado en los últimos 50 años en más del 100%, sin embargo, en proporción a la población total, ha disminuído del 15% en 1930, al 7.5% en 1995 (Cfr.INEGI, 1995). A pesar de haber disminuído porcentualmente con relación a la población total, representa un número importante de la población mexicana distribuida en 56 grupos étnicos.

La distribución geográfica de estos pueblos, se modificó a la luz de los diferentes momentos históricos en donde fueron expulsados y marginados de sus lugares de origen, concentrándose en lugares distantes, inhóspitos y de difícil acceso. Para 1990, ocho estados concentran la mayor población indígena, pero ahora su proporción porcentual ha aumentado y registra el 19.4% ubicada en 24 entidades federativas y es casi igual a la que se registra únicamente en el estado de Oaxaca (19.2%). (INEGI, 1990)

La diversidad geográfica, las formas históricas de poblamiento y colonización, los recursos naturales, la densidad y composición de la población y el desigual grado de desarrollo económico, son los factores que determinan la formación de regiones particularizadas que con frecuencia se expresan en la consolidación de culturas regionales, con rasgos distintivos en muchos órdenes de la vida social. La diversificación regional ha sido empleada para explicar no sólo las condiciones actuales de la economía y la sociedad nacionales, sino también y fundamentalmente muchos aspectos del desarrollo histórico en América Latina en general y en México en lo particular. Los estudios regionales han proliferado en las últimas décadas, aunque se han enfatizado más sobre la región geográfica y la región económica.

La diversidad regional en México se puede ilustrar en particular con los estados de Chiapas, Guerrero, Hidalgo, México, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Yucatán, los cuales concentran el 38.7% de la población nacional y el 79.2 % de la población indígena. De éstos, sólo México y Yucatán están por abajo del promedio nacional de marginación señalados por el Consejo Nacional de Población con base en los Indicadores Socioeconómicos e Índice de Marginación Municipal. De esta forma y como observamos en el Cuadro 1, las seis entidades están ubicadas en los primeros lugares de la marginación nacional con un grado muy alto, siendo los únicos a nivel nacional; mientras Yucatán y México se encuentran en el onceavo lugar con un grado de marginación alta y el lugar veintiuno con un grado de marginación baja respectivamente.

La población india en México, sin importar la cuantía de sus miembros, se inserta en la sociedad nacional, temporal y espacialmente en posiciones de subordinación y marginalidad absolutas. Ello determina que las formas y relaciones entre las culturas de los grupos étnicos y la sociedad global, no sea un fenómeno que pueda ser analizado solamente desde la perspectiva cultural, su complejidad lleva a modificar las concepciones culturalistas y proyectarla analíticamente desde la perspectiva económica, política y social.

La pluralidad étnica es una realidad en el contexto de la sociedad mexicana, así como las modalidades del desarrollo condicionadas por los diferentes ecosistemas con sus recursos y posibilidades específicos, como lo son también los diversos idiomas indígenas y las modalidades diferentes del mundo occidental.

El proceso de modernización ha convertido al desarrollo sustentable en una «aspiración social» y el ámbito de la cultura se piensa como una amplia gama de posibilidades. Es justamente en este punto donde a los criterios del desarrollo: productividad, sustentabilidad, estabilidad y equidad, deben agregarse otros que reflejen la participación de actores sociales y no solo factores de la producción para incorporar a la noción de desarrollo otras formas de pensar y organizarse en la sociedad. Esto supone concebir diferentes vías de desarrollo que se correspondan a cada grupo y su cultura como «…universo de sentidos que no se comunica ni existe independientemente de su modo de producción, circulación y de recepción, consumo o reconocimiento.» (Brunner, 1992:42)

Cuadro 1. Grado de marginación de las ocho entidades que tienen una mayor concentración de población indígena y el lugar que ocupan en el contexto nacional

Fuente: Elaboración propia con base en Indicadores socioeconómicos e índice de marginación municipal, CONAPO-CONAGUA 1993.

De acuerdo a lo expuesto ¿es posible adoptar una vía de desarrollo que en sus formas de producción, consumo y reproducción considere el respeto a los derechos humanos, conocimientos, usos, costumbres y a su vez de los recursos, tierras, territorios y capacidades regenerativas del ambiente? Creemos que sí. El desarrollo no tiene por qué estar reñido con las culturas, tendría que ser nutrido por éstas pensándolas como vetas de creatividad, lo cual implica que el término desarrollo debiera ser dinámico, cambiante, flexible a cada espacio y situación. «La cultura no es pues un instrumento del progreso material: es el fin y el objetivo del desarrollo, entendido en el sentido de realización de la existencia humana en todas sus formas y en toda su plenitud.» (UNESCO, 1997:32)

Estamos convencidos de que una de las posibles alternativas para establecer una relación entre el desarrollo y la cultura es el ejercicio de la autonomía. En el caso de los pueblos indios es importante retomar el planteamiento inicial, reconociendo a la nación como una conformación pluricultural; al sentar esta premisa resulta inconsistente el principio organizador que rige o «regula» a la sociedad, y que exige no sólo su modificación, sino la sustitución de la actual estructura organizativa y de poder, no solamente en el ámbito administrativo, pues ésta comprende también los ámbitos económico, social, político y cultural. Considerar todas las esferas sociales, supone el tránsito hacia una sociedad que siente las bases para establecer relaciones diferentes a las que prevalecen en términos de respeto y diálogo, lo cual necesariamente lleva a replantear la función del Estado, y la relación entre el Estado y su proyecto de modernización con la nación, reconocida por éste — por lo menos a nivel formal – como multicultural y multiétnica.

Considerando esta amarga realidad, la autonomía no constituye sólo una opción más por ensayar, un camino que puede tomarse o no. Puede plantearse que es la vía que mejores perspectivas ofrece a las etnias indígenas para su permanencia y florecimiento. Si la comunidad es el núcleo actual de la etnicidad india, las amenazas contra la primera ponen en peligro a la segunda. En este sentido, la autonomía regional, en tanto supone no sólo la consolidación de la comunidad sino además la ampliación de la territorialidad (y en condiciones nuevas, incluso la actualización de antiguas territorialidades regionales, aunque no los mismos territorios anteriores) es probablemente la última oportunidad u opción histórica para los pueblos indios de Latinoamérica. (Cfr. Díaz-Polanco, 1997)

Ahora bien, las amenazas se ciernen sobre la actual territorialidad, sobre la comunidad, delicada organización comunal que depende para su reproducción del control de sus recursos: tierras, aguas, bosques; y además del espacio vital que engloba más que esos medios y que tiene complejas connotaciones socioculturales y sobre el territorio, pues sin la base de orientación que proporciona, a un tiempo material y espiritual, es difícil mantener la organización comunal. Pues bien, asistimos a los prolegómenos de un nuevo ataque a fondo contra ese piso fundamental de la comunidad.

Hoy más que nunca es urgente la definición y el reconocimiento de la propiedad de los recursos y las tierras de las comunidades indígenas, la consolidación de la organización comunal como gestora de su desarrollo para incrementar la calidad de vida y el respeto hacia el estilo de vida que asuma. Implica también, tomar en cuenta las expectativas de la comunidad respecto a su problemática y posibles soluciones y, pensarlo el territorio como parte y esencia de la configuración de la comunidad.

La modernización de los estados latinoamericanos –como sistemas– no ha tomado en cuenta al indio. En su caso, sólo se le piensa por vía de la asimilación de la desindianiación, porque el desarrollo desde el punto de vista del «mundo moderno» se concibe como un proceso lineal, ascendente y continuo que debe ser impulsado «desde arriba» para de una vez y para siempre acabar con lo «tradicional». Sin embargo, con la inclusión de la cultura en el marco de la sustentabilidad, se plantea la posibilidad de un desarrollo diferente al que se ha venido imponiendo, mismo que implica no postergar más la incorporación a éste de la diversidad de ideas y formas de pensar a través de todos los grupos que conforman la nación. Esto ha generado la necesidad –convertida en demanda– de establecer canales de comunicación efectivos, que propicien la participación en la toma de decisiones en torno al «estilo» de desarrollo que las etnias decidan adoptar en forma autónoma, que tenga como fundamento y punto de partida a la comunidad, su cultura e identidad. Para que esto suceda, la participación y la concertación son indispensables, ya que estas permiten plantear las diferencias y desacuerdos con el modelo hegemónico que deberán dirimirse y respetarse como parte de una nueva relación con el Estado, en un nuevo espacio en donde no sólo las etnias, sino todos los actores sociales puedan expresarse y manifestarse en la búsqueda, ya no de una sociedad armónica y equilibrada, sino simplemente democrática, que tenga como base la diversidad; sin pretender llegar a un «lugar común», neutral y objetivo, sino a un espacio de diálogo en el que seguramente nacerán nuevas diferencias, con la certeza de que podrán ser escuchadas y discutidas, para propiciar la ocasión de tejer la intersubjetividad.

La modernización en América Latina y en particular en México, dependerá, no de priorizar el desarrollo como una meta universal, sino de establecer un vínculo entre éste y las culturas definidas como una selección de valores y principios que den cauce a estrategias más específicas de desarrollo económico y cambio social. Esto es, definir la modernidad al interior del cambio y organización social, sin confundirlo con la modernización, que es una movilización tradicional de un tipo de sociedad a otra, definido estructuralmente como el manejo de los recursos pero no exclusivamente desde el punto de vista cuantitativo, sino en términos de niveles que lleve a la transformación social con la capacidad de responder no únicamente en términos materiales sino también en bienes culturales.(Cfr. Touraine, 1995)

Asimismo, en el presente asistimos a un proceso de globalización que mantiene en lista de espera —en el mejor de los casos — a la diversidad cultural y dentro de ella, a la cultura de los pueblos indios, mediante un poder que se ejerce de arriba hacia abajo en todos los ámbitos de la vida, también es un proceso desigual, pero que nos permite concebir la utopía de movilizar a la sociedad para construir una racionalidad social y productiva, que considere opciones diversas a un proceso de participación democrática. Para ello, no basta con la formulación de políticas orientadas al respeto mutuo y a la libertad cultural; lo que se hace necesario, es el ejercicio de la libertad cultural como base de la coexistencia de la diversidad de las colectividades en el marco del Estado que tenga como base un verdadero compromiso social, porque finalmente los pueblos indios y su diversidad cultural han luchado por encontrar espacios para permanecer y manifestarse, para ser escuchados, para acceder al diálogo, a espacios negados que les permiten definirse, movilizarse, afirmar su cultura, su identidad y dar sentido a su vida.

La actual configuración mundial conlleva hacia una hegemonía con tendencias hacia la homogeneización en la que se erige como uno de los grandes retos el desarrollo sustentable,. como una vía para concebir una «racionalidad» donde todos los ámbitos confluyan y tengan cabida no sólo las expectativas del proyecto dominante, sino también se incluyan como parte de éste, las necesidades de las comunidades y de sus saberes sobre el medio y sus recursos; de las condiciones de apropiación de su ambiente como medio de producción y del producto de sus procesos de trabajo; de la asimilación de la ciencia y la tecnología moderna a sus prácticas tradicionales para construir medios de producción más eficientes, respetando sus identidades culturales. (Leff, 1992:132-133)

Bajo esta perspectiva, se mantiene la idea de que el propósito del desarrollo no es solamente el crecimiento económico, sino que el desarrollo debiera estar estrechamente relacionado con los niveles de bienestar; por ello, surge la noción de desarrollo humano, en la que por primera vez parece tener cabida la cultura. Esta noción ha sido adoptada y enriquecida por intelectuales de diferentes ámbitos que hoy más que nunca – rebasando la perspectiva ecologista — reconocen a la nación como una conformación plural y diferenciada que impone la dimensión cultural en la conceptualización del desarrollo.

A pesar de los procesos de globalización y de mayor interacción económica, social e informativa a escala mundial, las experiencias recientes en los ámbitos nacionales enfatizan la prevalencia de procesos de identificación cultural emanados de referentes étnicos, los cuales pueden adquirir importantes connotaciones de resistencia que nos hacen repensar la relación entre los procesos de globalización aludidos y las formas de creación y recreación de las identidades culturales a partir de una mayor interacción global, lo que está produciendo importantes efectos sobre construcción de un orden social significativa entre la población, y la configuración de proyectos de nación.

Como dice Braudel, casi «resultaría infantil» pensar que la modernización o el «triunfo de la civilización en singular» llevaría al final de la pluralidad de las culturas históricas encarnadas durante siglos en las grandes civilizaciones del mundo. La modernización, por el contrario, fortalece esas culturas y reduce el poder relativo de Occidente. En muchos aspectos, el mundo se está haciendo más moderno y menos Occidental. (Huntington,1997:91 Apud.)

La globalización económica y la internalización de la cultura, lejos de conducir a la liquidación de los particularismos locales y culturales, contribuirá (como ya está ocurriendo) a su reafirmación y revitalización. No se ha prestado suficiente atención al hecho de que la «globalización» ha engendrado también en todas partes, a escala mundial, su antídoto y su anticuerpo: la tendencia a la «retribalización», o mas bien a la «re-etnización» — diríamos nosotros — ya que las identidades sociales cuya reactivación observamos por doquier, son generalmente de naturaleza étnica y se presentan frecuentemente en forma de nacionalismos étnicos. (Cfr. Gellner, 1988 )

La permanencia y resistencia de los pueblos indios ha representado históricamente un problema para la consolidación del grupo hegemónico y para el desarrollo de la sociedad propuesto por ellos, siempre con la tendencia hacia el "progreso y la modernización". En el marco actual la globalización, el uso de nuevas tecnologías, la informática, la internacionalización de métodos organizativos de la producción y la mirada vuelta hacia la promoción del desarrollo sostenible que haga posible satisfacer las necesidades básicas de la población y superar la pobreza sin comprometer los recursos de las futuras generaciones, representan el reto mayor para los estadistas modernos, quienes tienen que encontrar respuestas al cuestionamiento de: ¿cómo fomentar el desarrollo en un contexto que permita la participación democrática de todos los grupos que conforman la sociedad y considere no sólo la posibilidad sino el derecho de los pueblos indios a decidir y participar de manera autónoma en el desarrollo y modo de vida de sus comunidades?.

Uno de los puntos de partida para poder arribar a una relación entre desarrollo sustentable y autonomía en el umbral del siglo XXI es, primeramente, asumir que no es posible seguir pensando a la sociedad como una totalidad homogénea, debido al ritmo y desarrollo diferentes de las dimensiones sociales y a la tendencia específica que lleva a someter a éstas, a la lógica del poder a través de la elaboración y observancia de las leyes, en las que subyace un principio de organización social. Este principio organizador tiene el propósito de ordenar, unificar y ejercer su dominio para imponer el proyecto modernizador en donde las dimensiones cultural y política juegan un papel fundamental y por consiguiente el Estado, es el espacio en el que se exacerban las contradicciones entre ambas esferas; que se manifiesta concretamente en la contradicción inherente entre el proyecto del Estado nacional y los proyectos de los pueblos indios, mientras el primero actúa en favor de la unidad - aún a costa de las consecuencias sociales y humanas en un importante sector de la sociedad - los segundos reclaman respeto a su identidad colectiva y modos de vida en los que basan su permanencia distintiva. Esta confrontación, con frecuencia, se traduce en una creciente ola de violencia y contraviolencia en la que el Estado, generalmente, desempeña un importante papel cuando se identifica con el grupo hegemónico y, las aspiraciones étnicas de los grupos minoritarios u oprimidos son percibidas como una amenaza a la integridad de la nación.

El reconocimiento y el ejercicio de la autonomía permitirían la reconstrucción de relaciones al interior de la sociedad. Este enfoque consiste en que cualquiera de los elementos fundamentales que abarca el proyecto de autonomía es capaz de suscitar relaciones complejas e impactar la organización global de la sociedad. Por ejemplo, el reconocimiento territorial tiene aplicaciones no sólo políticas y administrativas, sino también económicas, culturales y ecológicas. El autogobierno presiona sobre los espacios políticos, reclamando su redefinición y además, exige una nueva distribución del poder; igualmente supone reconocimiento de una entidad nueva y asignación a ella de ciertas facultades que, hasta hoy, se encuentran reservadas a un gobierno central y sus expresiones locales. Todo ello implica vastos cambios de la política, la economía y la cultura. (Cfr. Díaz-Polanco, 1992.)

En consideración a las nuevas perspectivas planteadas por la sociedad, en especial por los pueblos indios, en 1992, la Convención sobre Diversidad Biológica, reconoce la relación de los pueblos indígenas con la biodiversidad, y en este contexto el derecho a administrar y participar de los recursos de ésta; la necesidad de la cooperación e intercambio entre el desarrollo científico y tecnológico y las tecnologías tradicionales; el respeto y respaldo a la perspectiva sobre sustentabilidad que emane de los pueblos indios. En el marco de esta Convención, se reconoce la dependencia entre el estilo de desarrollo de las comunidades indígenas y el conocimiento tradicional de las mismas, relación que propicia prácticas e innovaciones en función de la conservación de la diversidad biológica y el uso sustentable de los recursos. No obstante, es importante señalar que el conocimiento de los Pueblos Indígenas es específico de una comunidad, se circunscribe y ejerce en la estructura cultural de la que emana, es dinámico y se recrea en las tradiciones culturales del grupo; de los saberes y haceres de la comunidad, depende su bienestar y el entorno, rebasando la perspectiva meramente ambiental.

En el mismo orden de ideas, la Cumbre de la Tierra realizada en Río de Janeiro en 1992, reconoce la capacidad de los Pueblos Indígenas para manejar con sabiduría y prácticas sostenibles sus recursos y entorno con relación a su desarrollo, de esta Cumbre surge la Campaña Río + 5 para la elaboración de la Carta de la Tierra, y a través de los Consejos Nacionales para el Desarrollo Sustentable, se determina que la sustentabilidad depende del estilo de vida que los ciudadanos decidan adoptar, por lo que se deben involucrar a los actores sociales, étnicos y políticos para la toma de decisiones.

Posteriormente, el Consejo de la Tierra reunido en 1994, vio concretados sus esfuerzos en la Reunión de Pueblos Indígenas de las Américas en San José de Costa Rica, en mayo de 1996, destacando como objetivo principal: la conservación de los valores culturales entre los Pueblos Indígenas. Para junio del mismo año, en la Consulta sobre «Derechos Indígenas, Legislación Ambiental y Desarrollo Sostenible», patrocinado por la OIT, con fondos del Banco Mundial, se analizaron posibles contradicciones entre leyes nacionales y la legislación internacional con relación a temas que conciernen a los pueblos indios y al ambiente, para proponer sugerencias y facilitar su aplicación.

En este marco, el proceso de consulta de la Carta de la Tierra, reconoce a los Pueblos Indígenas como guardianes de los recursos debido a que su concepción sobre el desarrollo ha estado en armonía con la tierra, lo cual ha permitido el desarrollo de sus comunidades en forma sostenible. Ya en la Carta de la Tierra en 1997 (borrador), se destaca el respeto a diferentes puntos de vista sobre el desarrollo, con el propósito de lograr un consenso sobre las tendencias de éste a nivel mundial; afirmando que los pueblos indígenas y tribales tienen un papel insustituible en el cuidado y protección del ambiente.

Básicamente el Convenio 169 de la OIT y la Convención sobre Diversidad Biológica se han convertido en valiosas herramientas para la preservación y promoción de las demandas fundamentales de los indios y el desarrollo sustentable, y son producto de la participación y consulta de organismos gubernamentales, no gubernamentales y Pueblos Indígenas. Los productos de estos convenios, son el punto de partida para el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible en lo económico, político, social, cultural y ecológico. Un elemento indispensable para la realización de los objetivos planteados lo constituye establecer canales de comunicación,que fomenten la democracia y la participación de los diferentes grupos que conforman la sociedad en desarrollo, buscando armonía y equilibrio no sólo con el medio, sino también entre los ámbitos nacional, regional y local en términos de tolerancia y respeto a las diferencias.

La lucha por la autonomía, es parte de la historia de los pueblos indios porque en ella, de alguna manera, se concentran gran parte de sus demandas, como son: El derecho a la libre determinación y de establecer su condición política, su desarrollo económico, social y cultural; derechos sin discriminación e igualdad y protección ante la ley; libertad de pensamiento, conciencia y creencias religiosas, derecho a tener su propia vida, cultura y emplear su propio idioma; derecho a la seguridad social, vivienda, vestido, educación y nivel de vida adecuados, reconocimiento y derecho a existir mantener su identidad étnica; derecho de propiedad de tierras que han ocupado tradicionalmente, derecho a mantener dentro de sus asentamientos estructuras económicas y modos de vida tradicionales; derecho a participar en la vida económica, política y social del Estado. (Cfr. Sánchez, 1996)

Hoy más que nunca es urgente la definición y el reconocimiento de la propiedad de los recursos y las tierras de las comunidades indígenas, la consolidación de la organización comunal como gestora de su desarrollo para incrementar la calidad de vida y el respeto hacia el estilo de vida que asuma, implica tomar en cuenta las expectativas de la comunidad respecto a su problemática y posibles soluciones y pensar el territorio como parte y esencia de la configuración de la comunidad.

BIBLIOGRAFIA